¿Es lo mismo no acudir a votar que anular el voto?

Las campañas a favor de la anulación del voto han marcado el proceso electoral de este año, provocando un gran número de comentarios y análisis al respecto, desde los que consideran que la anulación del voto es un derecho de la ciudadanía que debe tener repercusiones en el sistema de partidos hasta los que señalan que es un atentado contra la naciente democracia en nuestro país.

Al escuchar muchos de estos comentarios, me queda la impresión de que con el propósito de argumentar a favor de su posición particular, muchos han perdido la objetividad, atacando violentamente la opinión contraria. El erróneo y a veces mal intencionado tratamiento de la diferencia entre el abstencionismo electoral y la anulación del voto, y las implicaciones de cada uno, es una muestra de esto.

Independientemente de si se considere útil, acertado o plausible anular un voto, me parece que en toda esta discusión hace falta establecer distinciones, a mi modo de entender, bastante claras. La votación popular como mecanismo para la elección de los representantes públicos es el vehículo establecido legalmente para la participación ciudadana en este tipo de elecciones. Por lo tanto no debe calificarse la anulación del voto en la papeleta electoral como un rechazo a la participación, aunque sí pueda decirse que es una decisión de no influir en el resultado de la elección que arrojaría a los representantes que irían a los diversos cargos públicos. Decir que la anulación del voto es un golpe a la democracia de la misma forma que lo es el abstenerse de votar me parece un error y a veces una mentira intencional.

Lo que habría que preguntarse es cuál es la intención de aquellas personas que piensan anular su voto. Evidentemente no es incidir, en el periodo inmediato, en quiénes ocuparán los cargos públicos en juego, pero no veo por qué no sea legítimo el que sus intenciones estén vinculadas con objetivos en el mediano y largo plazo.

No sé en qué medida un alto porcentaje de anulación del voto podría tener efectos reales con el tiempo en el sistema político y en el sistema de partidos en México, pero me parece claro que los ciudadanos tienen el derecho legítimo a buscarlos por los mecanismos legales que consideren pertinentes. En varios países el voto en blanco tiene consecuencias directas sobre el sistema de partidos, por ejemplo restando financiamiento a los mismos. Ese no es el caso en México, pero la participación ciudadana puede avanzar en dirección a que el sistema político atienda bajo mecanismos más eficaces sus demandas.

Lo que a mi parecer queda claro es que el arraigo que ha tomado este movimiento a favor de la anulación del voto refleja el descontento de una buena parte de la población mexicana con su sistema de partidos y con su clase política. Habría que luchar por que existan los mecanismos para que la ciudadanía esté representada en los órganos públicos y en los sistemas de elección popular.

Con lo que no estoy de acuerdo es con la descalificación de unos y otros a las voces que manifiestan su preocupación por el resultado de las elecciones, por un lado, y a las que ven en esta acción un medio para incidir en una transformación de nuestro sistema de partidos, por el otro. Creo que ambas posturas son respetables y que en ambos campos hay mucha materia para el debate. Me parece que en la medida que discutamos estos temas con mayor respeto hacia las posturas opuestas, avanzaremos en la conformación de una nación más propensa a considerar al otro, lo cual se vería reflejado en la postura de los políticos hacia los ciudadanos.

Invitando al debate

Cancha Ciudadana continúa, hemos visto con mucho gusto que las visitas en los últimos días han aumentado y los queremos invitar a que hagan de este foro uno de interacción y debate; dejen sus comentarios y opiniones y también siéntase con la libertad para subir sus contenidos (artículos, video, audio etc.). Recuerden que aquí todos juegan. Hagamos de este foro un frente ciudadano genuino, democrático y tolerante (que es lo que más nos urge en este país). De la invitación pasemos al debate. En la entrevista con José Woldenberg discutimos la posibilidad de que el terreno electoral se convierta en el “primer frente” del enfrentamiento entre el aparato de gobierno (IFE, partidos políticos) y los poderes fácticos (en este caso muy particular las televisoras). El verdadero peligro para la consolidación de una democracia moderna en nuestro país es el poder monopólico, ya sea público (SNTE, el sindicato petrolero) o privado (Telmex, Televisa). Buena parte de nuestro potencial crecimiento económico –y la posibilidad para construir una sociedad más justa- se ve obstruido por la existencia de estos monopolios. La bronca entre el Instituto Federal Electoral y las televisoras arrojan señales que en este ámbito se está abriendo una brecha de discordia entre el aparato político y los poderes fácticos ¿Qué opinan ustedes?