qué sigue de las elecciones

Las recientes elecciones en México dejaron al descubierto una serie de descontentos y demandas de la población hacia su clase política que deben verse reflejados en el debate público y en el trabajo de las nuevas administraciones.

Uno de los temas que marcaron en mayor medida el proceso electoral fue el de la anulación del voto, instancia a la que sus promotores conminaban a llegar en vista de la escasa representatividad que los partidos políticos significan para los ciudadanos. Si los ciudadanos no se sienten representados por los partidos políticos, pero son la población en la que recaen los efectos de las políticas públicas y de las decisiones que se toman desde los distintos órdenes de gobierno, es necesario que la reflexión y las manifestaciones de descontento traspasen el campo de lo meramente electoral y se traduzcan en mecanismos de presión para lograr que el sistema de gobierno del país consiga hacer sentir a los ciudadanos sus actores principales.

El camino debe recorrerse desde varias vías, tanto las instituciones deben ser más aptas para gozar de representatividad y legitimidad, como los ciudadanos deben ir tomando una actitud más activa en la conformación de la vida pública de su país.

Varias fueron las demandas que se realizaron en la carrera electoral para dar a la ciudadanía una participación más activa, a las cuales habrá que dar seguimiento para ver si es que efectivamente todo el entorno marcado por la campaña de la anulación del voto tiene repercusiones en la estructura del sistema de gobierno y del sistema electoral, lo que contravendría las acusaciones de inutilidad a las que fue sometido.

Muchos de estos temas podrían entrar a discusión en una posible nueva iniciativa de reforma electoral. Respecto a estos temas, una encuesta del periódico Reforma revela que el 79 por ciento de los consultados opina que se deberían reducir los recursos que se entregan a los partidos políticos. El 68% señala que se debería reducir el número de diputados de representación proporcional. Por su parte, el 58% se manifiesta a favor de permitir las candidaturas independientes y ciudadanas.

Uno de los temas de los que más se ha hablado con respecto a modificaciones del sistema de gobierno es el de la reelección de legisladores, sin embargo este punto cuenta con el rechazo del 67% de los encuestados. Sobre la publicidad de los partidos políticos en los medios de comunicación las opiniones están divididas: 49% opina que los partidos y sus candidatos deberían poder anunciarse libremente en los medios, mientras que 48% opina que eso no ayudaría a mejorar la situación de nuestro sistema político.

Estos y otros puntos como la discusión en torno a las figuras del referéndum, del plebiscito y de la iniciativa ciudadana deben ser seguidos de cerca en los próximos meses en el debate público en nuestro país para ver si es que nos dirigimos a transformaciones en nuestro sistema político que logren que la población se sienta más representada dentro de las estructuras de gobierno.

La sociedad civil organizada: el gran faltante de la consolidación democrática en México

Si a cualquiera le preguntásemos sobre qué es el estado es muy probable que nos respondería lo siguiente: es el aparato de gobierno, el territorio y la población dentro de éste. Esa es la definición más extendida del Estado nación nacido de la Revolución Francesa. Sin embargo la vida democrática actual no debe limitarse a aquellos tres elementos. El modelo democrático occidental tiene dos orígenes históricos: el representativo y el participativo. El participativo proviene de la polis griega en la que el ciudadano ocupaba cargos públicos de manera directa sin partidos de por medio. La tradición representativa nace con el Imperio Romano. Su gran extensión llevó a la necesidad de crear representantes para encargarse de lo público, el famoso Senado. Pero volviendo a la definición del Estado la más reciente definición menciona a tres actores: el mercado, el aparato gubernamental y la sociedad civil. El Estado es compuesto por estas tres partes que intervienen en lo público como iguales. Los gobiernos de las democracias más modernas y operantes cuentan con una sociedad civil que reconocen y apoyan (con recursos públicos). La sociedad civil organizada se encarga de monitorear y evaluar las políticas públicas y a su vez se encargan de intervenir en diferentes ámbitos de la vida pública, desde la atención a grupos vulnerables hasta la defensa de causas ambientales. En México hace falta mayor presencia de este sector, en parte por su falta propia de organización y el escepticismo de la clase política a ceder sobre su control monopólico de lo público. Sin embargo una democracia consolidada se fortalece de tener una sociedad civil organizada participativa. Buena parte del cortoplacismo inherente a la clase política mexicana puede superarse con la participación ciudadana. Así se lograría promover realmente una agenda que busque atender problemas al largo plazo como el cambio climático. Buena parte de las medidas tomadas por el actual gobierno francés para alcanzar la sustentabilidad de sus edificios han sido armadas y evaluadas por diferentes organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la conservación del medio ambiente. Así los dos orígenes históricos se fusionan en los modelos democráticos más consolidados: la representatividad, gubernamental, comparte la tarea de cogobernar con la participación de la ciudadanía. Esa es la gran diferencia entre una democracia a medias tintas como la nuestra y las más modernas.