Qué esperamos y qué deberíamos esperar de nuestra clase política

La reciente renuncia del presidente de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña a causa de un escándalo de gastos injustificables, deja mucho para reflexionar sobre el deficiente e inmoral sistema político mexicano. Si en México, acciones del tipo de las repudiadas públicamente por la sociedad británica, tuvieran las mismas consecuencias para sus operadores, hace mucho que el Congreso de nuestro país habría quedado prácticamente desierto. Quizá la lección más valiosa para aprender de este caso sea el que solamente cuando un sistema político tiene la vigilancia, la transparencia y el rigor pertinente para imponer sanciones a quienes hacen mal uso del poder público, las instituciones públicas pueden tener un nivel aceptable de funcionalidad que sirva al beneficio de la sociedad en su conjunto. Seguramente, si tuviéramos candados al uso indebido o excesivo que los actores políticos hacen de los recursos públicos, por ejemplo desde el Congreso o desde el sistema de partidos con sus onerosas campañas políticas, los recursos de la población en general podrían traducirse en un mayor nivel de gasto destinado a mejorar las condiciones de vida de las personas.

El escándalo en la Gran Bretaña surgió porque el periódico Daily Telegraph dio a conocer reportajes sobre las justificaciones de los gastos realizados por diversos miembros del Parlamento con recursos provenientes del presupuesto público. Los gastos, que incluían cosas como sistemas de sonido; reparaciones de albercas y jardines; departamentos cercanos a residencias de diputados, que éstos usaban para alquilar; e incluso, según se ha mencionado, hasta películas pornográficas, provocaron la indignación de la sociedad británica, que se sintió ofendida por la inmoralidad de sus representantes, quienes abusaron de su posición para perseguir sus intereses egoístas con los recursos del pueblo británico, cuando éste se encuentra apretándose el cinturón frente a una de las mayores crisis económicas de la historia reciente. El escándalo llevo a la renuncia del presidente de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, Michael Martin. La ley permite a los parlamentarios obtener devoluciones por los gastos que realizan para tener una casa en Londres, que les permita asistir al Parlamento. Así, aún cuando no está especificado en la ley, es públicamente aceptado que los parlamentarios no originarios de Londres la utilicen para reclamar el alquiler de su casa o los intereses de su hipoteca, pero ha sido moralmente reprobado que la aprovechen para obtener beneficios injustificables desde la perspectiva del bien común.

Desde nuestros ojos mexicanos, llama la atención que la simple reprobación moral, generalizada entre la sociedad, de los gastos inaceptables, aun cuando no hay una reglamentación que contemple la sanción, provoque la renuncia del presidente de la Cámara de los Comunes y la puesta en práctica de un mayor aparato de vigilancia del uso que los parlamentarios dan a los recursos públicos. Conviene mencionar que esta información no podría haberse dado a conocer si no existiera en la Gran Bretaña la transparencia que permite saber cómo se justifica cada uno de los gastos de los miembros del Parlamento –en México la Ley de Acceso a la Información no se aplica al Congreso-. En nuestro país estamos acostumbrados a que escándalos mucho mayores de despilfarro, acaparamiento y mal uso de recursos públicos queden impunes, aun cuando resulta evidente a los ojos de la mayoría de los mexicanos que se está actuando de forma moralmente inaceptable e incongruente con la persecución del bien común. El problema es que los políticos y los representantes públicos saben que esto es así, que en México existe una enorme impunidad, y que el acceder a un cargo público es un excelente medio para avanzar en la consecución de los intereses personales en lugar de los intereses colectivos.

¿Cuál es el resultado de esto? Que la propia constitución y lógica con que opera el sistema político incentiva a la reproducción de las conductas corruptas, egoístas e inmorales de los representantes públicos; y provoca que la mayor parte de los candidatos a cargos de elección popular vean este recorrido político como un trampolín para alcanzar sus ambiciones personales, en vez de como el camino para contribuir al desarrollo de una sociedad más armoniosa y justa.

La clase política de un país no es un elemento aislado, que se da independientemente de las características de la población, la clase política también es resultado de cómo opera la sociedad en su conjunto (probablemente, una mayoría de la población adoptaría, estando en una posición similar, conductas similares o con la misma lógica que la que siguen nuestros políticos). Por ello es que el cambio debe venir desde la base de la sociedad. La ciudadanía debe adquirir una mayor conciencia de comunidad y de bien colectivo por encima del propósito de lograr sus intereses a costa de lo que sea o del que sea. Debemos comenzar a entender nuestro bienestar y el bienestar de nuestro entorno y de las demás personas como una sola cosa. En la medida en que tengamos más conciencia de la identidad entre bien común y bien individual, estaremos más cerca de construir y manejar instituciones que avancen hacia los intereses colectivos, y de tener una clase política enfocada en el bienestar del grueso de la población y, por lo tanto, alejada de escándalos y corruptelas como las que comúnmente observamos.

Como ciudadanía debemos trabajar para que estos cambios se den y para generar las condiciones que permitan que podamos tener una concepción distinta de nuestros partidos políticos y de nuestros candidatos a cargos de elección popular. Quizás si avanzamos en este tipo de transformaciones, en algunos años podamos tener campañas políticas más ricas y constructivas que las que desafortunadamente estamos viendo en estos días.